La COP 27 celebrada en Sharm El Sheij nos dejó un acuerdo decisivo con la creación del tan anhelado Fondo de Pérdidas y Daños que pretende dar respuesta a las pérdidas y daños generados por el cambio climático en aquellos países que están más expuestos a sus efectos y consecuencias.
Este Fondo es el resultado de dos semanas de intensas negociaciones en las que los Estados más vulnerables ante los efectos adversos de la crisis climática lograron convencer a los países desarrollados de que tienen la responsabilidad moral de costear los daños económicos que les ocasiona el calentamiento global.
Aunque podría verse el vaso medio vacío porque el Fondo no tiene recursos y se desconoce con precisión quiénes aportarán, lo cierto es que es un Fondo lleno de esperanza y una victoria para los países que, desde hace más de 30 años, han venido pidiendo que se considerara la creación de algún mecanismo de financiación para los países donde el cambio climático despliega mayores efectos y afectaciones.
La sola inclusión en la agenda de la COP27 fue motivo de celebración para los países que podrán ser beneficiarios, que tuvo un inicial rechazo por parte de Unión Europea, Estados Unidos y Japón, quienes argumentaban que se tardaría años en ponerlo en marcha y eso retrasaría la movilización de dinero en tiempos que demandan respuestas urgentes.
Una de las propuestas de estos países era la de recurrir a los instrumentos financieros ya existentes bajo el paraguas de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), movidos sobre todo por la disponibilidad económica para aportar al Fondo, lo que, a su vez, hizo que EEUU propusiera ampliar el abanico de donantes de forma que incluyera también a otros estados con capacidad financiera, como China, así como al sector privado.
Sobre la mesa de negociación también se presentó la preocupación de destinar de manera adecuada los recursos del Fondo, de forma que, si se plantea como beneficiarios a los países marcados como “en desarrollo” y no solo los más vulnerables ante el cambio climático, el margen de apoyo financiero resultaría muy limitante para los países que de verdad precisan ayuda urgente por impactos climático.
Finalmente, las negociaciones derivaron en un texto que limita el acceso al fondo a países en desarrollo “particularmente vulnerables” a las consecuencias de la crisis climática, eliminando la controvertida referencia a la clasificación de 1992.
Para empezar a darle forma a la finalidad del Fondo, se convino la creación de un Comité de Transición, de 24 miembros que deberán ser nominados en diciembre de 2022, que tendrá que tomar decisiones sobre el nuevo fondo para finales de 2023.
En África Oriental, casi 40 millones de personas están experimentando hambre inducida por el clima. Las catastróficas inundaciones recientes en Pakistán han afectado más de 30 mil millones de dólares en daños y pérdidas económicas y han dejado entre el 10 y el 12 por ciento de la superficie terrestre del país bajo el agua, afectando a más de 33 millones de personas. La lista de eventos climáticos extremos y desastres está creciendo, al igual que los impactos devastadores en las comunidades.
De ahí que, si bien el Fondo está medio lleno, su financiación sigue vacía y urge poner agua a correr para asumir la responsabilidad del impacto de las decisiones de esos países que hoy parecen no tener intenciones de aportar.
